Obligaciones inherentes a la propia esencia de los sindicatos, como la representación de los trabajadores y la atención a sus quejas y reclamaciones, tendrán prioridad en la discusión durante las sesiones finales del XX Congreso de la CTC, dando continuidad a lo expresado en el análisis del Documento Base.
Es tema que no anda a la deriva, y con una estrategia más coherente a partir del pasado año. Pero, ¿se conocen los mecanismos y derechos para tramitar inquietudes y descontentos? A fin de buscar esas y otras respuestas, Buzón abierto entrevistó a Elio Valerino Santiesteban, funcionario encargado de tal esfera en la máxima organización sindical.
El especialista admite la existencia de algunos resultados cuantitativos, aunque distantes de lo óptimo, pues son evidentes las violaciones administrativas si tomamos en cuenta —dice—, los cientos de personas que todavía acuden a organismos e instituciones nacionales y a la prensa, para buscar solución a su problema.
Es obvia, además, la falta de preparación en órganos de justicia laboral de base y en niveles sindicales intermedios. “Aquí deben interiorizar que un buen desempeño forma parte del trabajo político ideológico, y lo contrario desacredita no solo al sindicato, sino también a la Revolución”, recalca.
La propia naturaleza y carga emocional de una reclamación necesitan alta sensibilidad y juicio de los responsabilizados con gestionarla. Por eso su insatisfacción cuando manifiesta que en un número más allá de lo permisible, se ofrecen respuestas demoradas y con poca profundidad en la argumentación.
En ocasiones dan hasta explicaciones que lejos de ayudar crean otro problema. Hemos conocido de casos en que la reclamación salió fuera de término y por tanto el trabajador quedó sin defensa ante un procedimiento, el cual pudo haber agotado en un canal administrativo, subraya Valerino Santiesteban.
Cierto que hay situaciones que requieren más tiempo para ser contestadas, pues implican una investigación, pero no tenemos un límite en días, y por tanto la pauta debe ser hacerlo de manera rápida y oportuna, como nos ha convocado el Partido, precisa.
Recuerda que para la tramitación de quejas, en la CTC funciona una sección integrada por dos áreas, la Oficina Nacional que se replica en los sindicatos nacionales, y en sus comités provinciales y municipales; y un área jurídica, con igual estructura hasta los territorios.
Para evacuar dudas generales, expone que en el departamento central funciona en los días laborables un servicio de guardia con un abogado de experiencia, y aspiran a que posterior al Congreso sea terminado el nuevo local, donde podrán ofrecer una mejor atención.
Como promedio reciben cada mes medio centenar de personas e igual número de cartas. Sin embargo, computan cifras superiores en momentos puntuales, como por ejemplo cuando comenzó el proceso de disponibilidad, plantea.
Reconoce que no solo les llegan misivas con descontentos, pues los trabajadores también aportan sugerencias y dudas. Así ocurrió, puntualiza, durante los procesos de discusión del anteproyecto de Código de Trabajo y del Documento Base del XX Congreso.
Con el mazo dando
La esfera jurídica constituye un puntal en el objetivo de crear cultura sobre la materia en lo laboral. En numerosas ocasiones se desconocen las funciones de los abogados en la CTC y sus dependencias.
Con el objetivo de acercarlos a la base, un grupo de especialistas de esa rama prestan asistencia de forma experimental en todas las sedes municipales de la organización sindical en La Habana, que acoge la mayor cifra de trabajadores y de actividades productivas y de los servicios.
En dependencia del resultado, la experiencia se extenderá al menos, a las localidades más alejadas de las restantes capitales provinciales, señala. Valerino abunda en un aspecto importante y evidentemente poco conocido en las secciones sindicales: Ocurre que si el sindicato nacional estima que se han vulnerado los derechos de los trabajadores, puede aprobar que el legista, además de cumplir con la obligación de orientarlos y asesorarlos, los represente ante las administraciones y tribunales de forma gratuita. Esto antes ocurría excepcionalmente, significa el funcionario.
Un obstáculo para llevar a cabo tal encomienda en toda su amplitud, explica, es la falta de estabilidad de los juristas en el movimiento sindical. Esto entraña una permanente captación y formación, para desenvolverse en un contexto más complejo, que demanda conocer del derecho civil, financiero y tributario, acota. Para Valerino, otra muestra del amplio horizonte y la importancia de las funciones de ese personal, es que puede contribuir a identificar las tendencias generadoras de las quejas y visitar los centros de trabajo, a fin de corroborar cómo se cumplen la legislación laboral y las disposiciones ramales de los organismos.
En ese último aspecto, acota, deben dar más participación al abogado vinculado con los sindicatos nacionales, a fin de que aporte sus conocimientos en función de dejar recogidos los derechos laborales en las normas específicas de los ministerios e instituciones.
Califica esa como una práctica inherente al propio sistema social cubano, cuya Constitución determina que todo lo concerniente a derecho laboral es consultado a la CTC.
Dirigente preparado vale por dos
Aunque el desconocimiento no exime de culpa, el alto porcentaje de dirigentes sindicales renovados en la base obliga a que se priorice su preparación. Sin embargo, nuestro entrevistado aclara que debe abarcar a todos, en tanto el escenario laboral seguirá nutriéndose de otros conceptos y principios, acorde con la actualización del modelo económico y las nuevas formas de gestión.
Ello le ha imprimido un dinamismo inusual, que requiere recíproco desempeño, y menciona que la restructuración de organismos e instituciones implica cambios en métodos de trabajo. Antes los asuntos se discutían directamente con un ministerio y ahora es con órganos superiores de dirección o un grupo empresarial, ejemplifica.
Reflexiona que independientemente de futuras legislaciones, los dirigentes sindicales en todas las instancias están obligados a mantener como libros de cabecera tres documentos imprescindibles para cualquier consulta: la Constitución de la República, los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y los acuerdos de la Primera Conferencia Nacional del Partido.
Amplía que la entrada en vigor del Código de Trabajo, que por ley debe regir posterior a los 180 días de su aprobación en el Parlamento, precisa a los cuadros profesionales y dirigentes sindicales a profundizar en el contenido de esta ordenanza y sus normas complementarias.
Deviene un indicativo de que la dinámica económica y social del país es incompatible con el anquilosamiento, y lo único que puede continuar inamovible es el interés de responder, con profesionalidad y eficiencia, a los intereses de los trabajadores.
