En Córdoba, en España, que hace siglos fue una ciudad conocida por culta, Lourdes Castro, de 37 años, fue juzgada por usurpar su propia vivienda. Había sido desahuciada junto a sus dos hijos, uno de nueve y el otro de 12 años, el 19 de octubre de 2012, por el impago de una hipoteca al Banco de Santander por un valor de 72 mil euros.
Antes de la ocupación de la familia, Propiedades Residenciales, una empresa con sede en Luxemburgo, compró la vivienda en una subasta y pidió la orden de desahucio. A Lourdes se le acusa de usurpación y se le exige una multa de tres euros al día en un período de 3 meses, además se le pide el pago de 3 mil euros por daños y perjuicios.
Lourdes Castro explicó que dejó de pagar la hipoteca después de quedarse en paro y que el subsidio que recibe de 426 euros solo le alcanza para su manutención y la de sus niños. Sus intentos de negociación con la empresa han desembocado en nada por la constante petición de dinero. Por dinero, Lourdes y sus hijos perderán su casa, el espacio íntimo de ese hogar se les volverá una evocación.
La mujer casi llegó a acordar con Propiedades Residenciales el pago de 4 mil euros unido a un contrato de alquiler social con futura opción de compra. Pero la empresa estuvo inconforme y con el tiempo pidió más dinero y Lourdes debió desistir.
Varias personas han apoyado la causa de Lourdes. La Fiscalía destaca que ella ocupa una propiedad que legalmente no le pertenece. La mujer ha sido criticada por no haber encontrado una solución a través de la Junta de Andalucía.
Lourdes Castro asegura que su situación es temporal y que tiene la expectativa de hallar un alquiler social que le sea posible pagar de acuerdo con sus condiciones actuales. Mientras, las viviendas en España zapatean al compás de las sardónicas fluctuaciones de los euros.
