Siempre supuse que las cosas cambiarían para bien tras la realización en julio pasado del congreso de los periodistas cubanos y luego de las palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz ese mismo mes en la clausura del período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Sin embargo, el asunto se enrarece cada vez más y muchas de sus aristas asumen ropajes camaleónicos; y lo peor es que en los ejemplos mencionados —que lamentablemente no son los únicos— los directivos de dichas actividades parecen haberse hecho de la vista gorda ante evidencias de corrupción, ilegalidad y malos procederes de personas bajo su mando.
En tres ocasiones nuestro semanario hizo públicas irregularidades en la venta de ron a granel en la capital, pero el director de la Unión de Empresas de Comercio encargada de esa labor en el territorio no se dignó a informar qué habían hecho al respecto, si aplicaron alguna sanción, o si acometieron algún plan de medidas para desterrar esa añeja práctica.
Cuando en noviembre pasado critiqué las triquiñuelas de no pocos choferes del transporte público, quienes a la vista de todos se apropian —y hablo en presente porque el mal continúa con todo vigor— de dinero de la recaudación, ninguno de los directivos de esa rama se tomó el trabajo de responder la acusación.
El tercer ejemplo, el más sensible, demostraba el mal proceder en el servicio de cremación de un fallecido. En esa oportunidad, el pasado 5 de diciembre, se violaron principios éticos esenciales, pues aunque un cadáver esperaba para ser incinerado, tras una llamada telefónica “del gobierno provincial” al funcionario de Servicios Necrológicos de La Habana, este indicaba a la funeraria Mauline que otro fallecido, llegado después, tenía prioridad.
Fue tal el desasosiego de los afligidos familiares que decidieron enterrar el cadáver y no esperar por el hipotético momento en que le tocaría la cremación. ¿Fue real o fantasmagórica la llamada telefónica?, me pregunto desde entonces.
La sociedad cubana se debate hoy en medio de disímiles y cruciales frentes para su perfeccionamiento económico y social, pero mientras fenómenos como los descritos se sucedan y estos no se enfrenten entre todos, en especial por los que tienen la encomienda estatal de velar por el buen funcionamiento de determinada actividad, no se podrá ganar la batalla.
Si públicamente se denuncia la falta cometida por el chofer del P-9, y también otras indisciplinas de transportistas en los ómnibus, y las autoridades que dirigen esa labor no asumen —y lo demuestran— como una crítica directa a ellos mismos lo aparecido en las páginas del periódico, entonces no se eliminará el mal.
A igual criterio recurro ante la callada de los funcionarios del comercio en la capital y de los compañeros de Servicios Necrológicos, o de sus instancias superiores, todos dependientes del gobierno provincial.
Si la prensa denuncia y no informa la solución ni qué pasó después, entonces nuestra gestión queda lastrada por el silencio, la desidia y la falta de credibilidad, algo que deplora la población.
El tema, visto desde la óptica aquí planteada, ya no se circunscribe a la muy lamentable actuación de un chofer, un bodeguero o al funcionario de la funeraria, sino a la gestión de los directivos al frente de esas actividades, y también a los que un poco más arriba en la cadena de mando no les exigen una respuesta pública a la crítica.
