Por fin, luego de mucha espera, de años y años de cambalaches en los que un vehículo podría pasar por 20 dueños ilegales y su propietario en papeles era esclavo de la burocracia, las leyes abrieron el juego. Desde el 2011 quedaron derogadas las disposiciones que prohibían la venta entre particulares; sin embargo, desde hace apenas unos días el propio Estado hizo realidad la comercialización y alrededor de 10 puntos de venta en todo el país ofertan desde un Geely hasta un Peugeot del año.
Pero, ¿qué pasa? ¿Tiendas vacías? ¿Pocos compradores? Los carros amenazan con convertirse en piezas de museo. Varios curiosos se amontonan frente a las vidrieras. “Ven, ven para que lo veas”, invita uno de los que, extasiados, contemplan detenidamente la tablilla de precios. Entonces vienen los comentarios: que si los carros hablan o vuelan, que si transitan sin combustible; mas, no; incluso algunos son de uso y el mínimo precio supera los 20 000 CUC.
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El 31 de diciembre pasado la Gaceta Oficial lo anunciaba: “Las personas naturales y cubanas residentes en el territorio nacional, extranjeras residentes permanentes, temporales y de inmobiliaria, las personas jurídicas cubanas y extranjeras, las misiones diplomáticas, oficinas consulares y los organismos internacionales acreditados en Cuba, así como su personal, pueden adquirir en las entidades comercializadoras ciclomotores de combustión interna, motocicletas, autos, autos rurales, paneles, camionetas y microbuses”.
Aprobado por el Consejo de Ministros, el decreto trajo innumerables comentarios y más de uno pensó en que, al fin, el tío, cuñado, amigo, o su propia persona podía aspirar en un futuro cercano a un carrito, de uso o desuso, para su satisfacción personal.
El documento oficial expresaba “la necesidad de atemperar esta normativa al contexto de la situación actual de la economía del país, aconsejable para eliminar restricciones y autorizaciones administrativas y posibilitar la adquisición (…) a precios minoristas semejantes a los que reconoce el mercado entre personas naturales”.
¿El dinero? Tendrá un fin social: la creación de un fondo para potenciar el mejoramiento del transporte público, “prioridad para el beneficio de la población”, agrega la Gaceta. El asunto, en ciernes desde aquel Lineamiento 286 que precisaba “establecer la compraventa de medios automotores entre particulares”, cambió definitivamente la política de adquisición de vehículos en Cuba.
¿Cartas amarillas?
Hacía años, trabajadores de sectores estratégicos en el país recibían como reconocimiento una carta que los facultaba para adquirir un vehículo, a precios acordes a sus ingresos. La cifra de autorizados se acrecentó con un decreto, publicado el 27 de septiembre del 2011 en la Gaceta Oficial, que daba al Ministerio de Transporte la potestad de entregar el permiso de compra a cualquier persona natural que hubiese “obtenido los ingresos como resultado de su trabajo, en funciones asignadas por el Estado o en interés de este”.
La enfermera Elsa Toledo, quien posee una de las 4 000 cartas pendientes, estuvo del 2010 al 2012 en Angola y esperaba tener el automóvil luego de su llegada: “Yo fui como todos los que estábamos allí, sabiendo que el 50 por ciento del salario iba a venir para el país, y que por el otro 50 por ciento, ya que era una misión compensada, nos iban a dar un carro”.
Apenas arribó a Cuba Elsa hizo los trámites y logró que su carta llegara el 11 de septiembre al Ministerio de Transporte. Desde entonces se mantuvo en comunicación con una abogada que la atendía desde La Habana y que una tarde, vía telefónica, le dijo que el proceso estaba detenido. Días después, los medios de prensa se harían eco de las últimas disposiciones: las personas con cartas de autorización tendrían prioridad para la adquisición en las entidades comercializadoras y se especificó: “a los precios minoristas establecidos”.
“Con 4 000 CUC te comprabas un carro bueno. La declaración del dinero estaba adjunta al expediente. Ellos sabían la cantidad que tenía cada cual. Yo acumulé hasta 5 000, mi carro me lo podía comprar en ese rango. Estoy muy sentida porque todo fue un engaño. Nosotros nos merecíamos al menos una respuesta, que no hemos tenido”.
Celso Marante, un guajiro cabaiguanense siempre cerca de las vegas de tabaco, se quedó también con su carta en la mano. Este 2 de noviembre la misiva cumplió el año junto a él y del carro nada. “A nosotros nos dan pesos convertibles por estimulación en cada campaña. Para tener derecho al carro te toman el ingreso de los últimos siete años”, refiere.
El campesino recibió ofertas de hasta 18 000 CUC para que vendiera su carta: “No la vendimos porque queríamos el carro; dicen que nos van a dar prioridad, pero prioridad hasta cierto punto porque el día que comenzó la venta llamé y no habían vendido el primer carro. Allí no se está haciendo cola”.
Darío Santiago, profesor de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), hizo un doctorado en México durante tres años y logró acumular para su carta 10 300 CUC; aun así, no le alcanza: “La medida supuestamente está atacando la especulación. Sin embargo, establece precios mayores a los que ya existían en la calle. El mercado negro no puede ser la referencia. La carta no la tenían ni delincuentes ni contrabandistas; la tenían profesores, músicos, agricultores”.
Sin embargo, en el sitio digital Revolico, una especie de candonga en Internet, hay más de 1 000 cartas puestas a la venta. ¿Tienen los dueños ese derecho? ¿Hasta dónde el Estado podía atajar el mercadeo?
Autos al por mayor
De acuerdo con datos publicados en la Gaceta Oficial, los precios mínimos para los carros de menos de cinco años y de más de 15 años de explotación sobrepasarían los 200 000 CUC y 50 000 CUC, respectivamente.
En el sitio Cubadebate se publicaron algunos que sobrepasan o no llegan a estos valores, en dependencia del auto, marca y año. El más barato de los relacionados es el Hyundai ATOS del 2009, valorado en 21 450 CUC; el más caro: Peugeot 508, del 2013, a 262 185.50 CUC.
Ernesto Osés Torres, máster en Finanzas y profesor de la Facultad de Contabilidad de la UNISS, puntualiza a Escambray: “Los precios son excesivos. Creo que no quedaron claros los criterios tomados para su imposición. La equiparación con los de la venta en la calle yo no la veo, macroeconómicamente, como una medida adecuada”.
Yudiana Afonso, directora de Finanzas y Precios en Sancti Spíritus, detalla a este semanario que según el criterio financiero “para la formación de un precio se tienen en cuenta los gastos en los que se incurre para la elaboración del producto o servicio, más el margen comercial, en el caso del precio mayorista; en el precio minorista se tienen en cuenta además algunos impuestos”.
Osés Torres aclara: “Puede hacerse por precios referenciales o por el método de costos y gastos. Para los automóviles en Cuba no se puede utilizar el segundo porque son usados, si son los de la renta en el gran porcentaje son autos cuya inversión se pagó con la tarifa que se cobra en su alquiler”.
¿Privado o público?
En un reciente encuentro del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba al que asistió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se debatió sobre el tema y hubo consenso en el gremio de la prensa sobre la necesidad de romper el silencio que han mantenido los medios cubanos en torno a esta medida.
Fuentes oficiales reconocen que el país no está en condiciones de estimular un incremento sostenido de autos particulares, que obviamente requeriría de una mejor infraestructura vial, un abastecimiento de combustible a precios más acordes con la economía doméstica y la garantía estable de insumos y piezas de repuesto.
Por lo pronto, Escambray entrevistó a Marta Leiva, gerente general de CIMEX en Sancti Spíritus, quien informó que “hasta el momento no existe orientación para la venta de automóviles en la provincia, para eso están habilitados puntos en Cienfuegos, Villa Clara y Ciego de Ávila, por lo menos hasta que tengamos las condiciones creadas”.
No es con la venta de autos a particulares que Cuba podrá compensar la precariedad del transporte de pasajeros, sino potenciando la adquisición y mejor uso de los medios públicos, un propósito suscrito explícitamente en las propias normativas que regulan la comercialización estatal de vehículos.
Pero, sin prosperidad en las ventas, ¿cómo surgirá el fondo para estimular el transporte público? ¿Hasta dónde descenderán las cotas establecidas hoy en el mercado estatal? ¿Cuántos cubanos podrán pagar por un automóvil a los precios actuales? Por ahora, Escambray no tiene las respuestas; sí la certidumbre de que la polémica seguirá al timón.
(Tomado de Escambray.cu)
