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Por Odette Díaz Fumero, estudiante de Periodismo
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sin tener a su favor un alto registro en las encuestas se convirtió de la noche a la mañana, a comienzos del presente mes, en centro de atención de los colombianos, a consecuencia de la desmesura y el abuso de poder del procurador Alejandro Ordóñez, que decretó su destitución e inhabilitación por 15 años.
Aun cuando algunos no escatimaban críticas a su gestión y sin haber mostrado a mitad de su mandato logros sociales de mayor trascendencia, su deposición ha despertado no solo el incremento del respaldo de muchos bogotanos, sino numerosas manifestaciones de solidaridad nacional e internacional hacia su figura.
Un rotativo local describió así el proceso devenido tras la medida que lo sacó de la silla de la alcaldía: “El lunes, a solo cinco horas del fallo, una multitud se agolpó en la Plaza de Bolívar para oírlo en su verbo fácil y para avivarlo en su dolor. El martes era el tema del día de todos los medios de comunicación del país. El miércoles su favorabilidad había subido 20 puntos en los sondeos de opinión y la del procurador los había perdido”.
Por su parte otro informativo local evaluaba la situación del siguiente modo: “Ni el enojo que ha causado el fallo ni la solidaridad son gratuitos. Las personas con alguna información, sin graves sesgos ideológicos, sin intereses económicos específicos en el cuantioso negocio del aseo, saben que en el fondo, en la sustancia, Petro tiene razón en la búsqueda de un cambio de modelo en la recolección de las basuras. Saben que tuvo graves fallas en la planeación y en la ejecución de las medidas, pero entienden que los operadores privados se estaban llenando los bolsillos de dinero y cobrando altas tarifas, entienden que está agotado el esquema de recoger desechos y botarlos en la periferia de la ciudad y ha llegado el momento de meterse en serio en el reciclaje”.
Opiniones de mayor trascendencia se refieren a los antecedentes de Petro en la lucha implacable contra la corrupción, y no pocos analistas hablan de que el fallo está manchado por turbias conspiraciones contra el proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y por veladas estrategias para sacarlo del escenario político y llevar a un político de muy dudosa conducta a la silla de la alcaldía capitalina. Sin contar que en la solidaridad popular evidenciada está presente también el rencor de muchos ciudadanos contra Ordóñez y las jugadas sucias del uribismo.
Lo cierto es, como lo ha definido el propio Petro, que “la acción del Procurador General tiene todos los visos de un golpe de Estado…” . Según la ley colombiana al alcalde de Bogotá sólo lo puede destituir el presidente de la República.
Hasta el momento, Ordóñez no se ha pronunciado después de anunciar la destitución. En la sentencia, el procurador dijo que Petro cometió faltas “gravísimas” al cambiar el sistema de recolección de basuras en la ciudad.
La esencia parece estar en la propia definición de los hechos enunciada por el defenestrado alcalde: “No soy cómodo para una serie de fuerzas políticas muy retrógradas que ahora están apuntando contra la paz y contra la posibilidad de una negociación con las FARC-EP que ponga fin a la guerra en Colombia”.
Hay quienes aprecian en este proceso un perfecto engranaje de las fichas que ha puesto en juego la oligarquía más reaccionaria y corrupta. Uribe y Londoño sacarían del camino político con la destitución de Petro a uno de sus mayores detractores; a su vez, Ordóñez haría sentir su autoridad en todos los rincones del país para una posible candidatura presidencial en el venidero 2018 con el apoyo del uribismo, sin tener al frente a un contendiente de cierta tendencia izquierdista como Gustavo Petro.
Todo cuanto ha ocurrido tiene mucho que ver también con las transformaciones operadas en Bogotá en los años recientes y enmarcadas en la gubernatura de Petro a partir del 2012, cuando este capitaneó una dura campaña contra el robo de los presupuestos de la ciudad por parte de los anteriores gobernantes del Polo Democrático (2008-2012), y que llevó al encarcelamiento del ex alcalde Samuel Moreno, el senador Iván Moreno y de varios concejales, altos funcionarios públicos y contratistas.
