Por Amy Goodman / Democracy Now
El Presidente Barack Obama proclamó el 15 de diciembre el «Día de la Carta de Derechos», y destacó que las diez primeras enmiendas a la Constitución de Estados Unidos son “la base de la libertad estadounidense, ya que garantizan nuestros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, de reunión y de practicar nuestra fe de la manera que elijamos, hasta las protecciones que garantizan la justicia en virtud de la ley”, afirmó.
Al día siguiente, el Juez de Distrito de Estados Unidos Richard J. Leon calificó las políticas de vigilancia de Obama de “casi orwellianas” en un fallo que determinó que la recopilación masiva de metadatos de llamadas telefónicas de estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) probablemente sea inconstitucional. Como si eso no fuera suficiente, el propio grupo de trabajo nombrado por el Presidente para estudiar el tema, el Grupo de Revisión sobre Inteligencia y Tecnologías de Comunicaciones, entregó su informe, que fue publicado por la Casa Blanca esta semana y contiene 46 recomendaciones de cambios.
Uno de los asesores del panel, Sascha Meinrath, del Open Technology Institute, se mostró escéptico. Meinrath me dijo: “He expresado públicamente mi preocupación con respecto a la independencia de este grupo. Soy uno de los 47 expertos en tecnología que envió una carta al Presidente para decirle ‘un panel de revisión tecnológica debe estar integrado por personas con pericia tecnológica’. Lamentablemente, mi comentario no fue tenido en cuenta. También me preocupaba mucho que este panel de cinco miembros esté enteramente compuesto por personas que forman parte de la comunidad de inteligencia y funcionarios del gobierno. No creo que sea posible realizar una revisión realmente independiente de la vigilancia cuando hay tanta gente vinculada directamente a las instituciones que la llevan adelante. Y creo que esto es aún peor debido a que el panel de revisión funciona bajo la órbita de James Clapper, bajo la órbita de la misma institución que debería estar siendo supervisada en forma independiente”.
El ex subdirector de la CIA, Michael Morrell, preside el panel, que depende de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, dirigida por James Clapper. Es de público conocimiento que Clapper mintió en una audiencia del Senado sobre este tema. Cuando el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, le preguntó si la NSA recopiló los registros telefónicos de millones o de cientos de millones de estadounidenses, Clapper respondió: “No espiamos a nadie, salvo para fines legítimos de inteligencia extranjera y siempre trabajamos dentro del marco legal. Ahora, es verdad que en ocasiones hemos cometido errores, algunos graves, pero ellos se deben generalmente a errores humanos o problemas técnicos. Y cuando detectamos errores, los hemos informado y corregido”. Tras las filtraciones de Snowden, Clapper reconoció a NBC News que su respuesta fue la forma “menos mentirosa” de decir “no”.
El fallo del juez Leon está relacionado con tan solo uno de varios casos presentados después de las filtraciones realizadas por el ex contratista de la NSA Edward Snowden en el mes de junio, acerca del amplio sistema de vigilancia mundial que recopila los datos personales de millones de personas. Otra demanda iniciada en Nueva York por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) contra Clapper, pretende terminar en forma definitiva con la vigilancia masiva y que se eliminen todos los datos recopilados hasta el momento.
Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, dijo que Edward Snowden es un “patriota”, y destacó: “Al haber denunciado la actividad ilegal del Gobierno, que fue aprobada y mantenida en secreto durante años por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, Snowden asumió un enorme riesgo personal en favor del bien público. Él solo reabrió el debate mundial acerca del alcance y la naturaleza de la vigilancia del Gobierno en relación con nuestros derechos fundamentales como individuos”.
El secretario de prensa de Obama, Jay Carney, reiteró esta semana la postura inflexible de la Casa Blanca con respecto a la acusación contra Snowden: “No ha habido un cambio de postura. Ha sido acusado de filtrar información clasificada. Afronta cargos de haber cometido delitos aquí. Debería ser enviado de regreso a Estados Unidos, donde será sometido al debido proceso, con las protecciones correspondientes en virtud de nuestro sistema de justicia, de las que esperamos que haga uso. Y obviamente estamos presionando a Rusia y a otros países con respecto a este tema”.
Tras medio año de vivir en Rusia, donde se le otorgó asilo temporal por un año, Edward Snowden escribió una carta pública esta semana a la población de Brasil, con la esperanza de obtener asilo permanente allí. En la carta, Snowden escribió: “Hace seis meses salí de las sombras de la Agencia de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos para pararme delante de la cámara de un periodista…con los ojos abiertos, sabiendo que la decisión me costaría mi familia, mi hogar y pondría mi vida en peligro. Me motivó la creencia de que los ciudadanos del mundo merecen entender el sistema en el que viven”. Y añade: “Mi mayor temor era que nadie escuchara mi advertencia. Nunca estuve tan contento de haberme equivocado tanto”, afirmó.
El mundo sigue escuchando a Edward Snowden. Como también dice en la carta abierta: “La cultura de la vigilancia mundial indiscriminada, expuesta a debates públicos y a investigaciones reales en cada continente, se está desmoronando”. Una encuesta reciente sugiere que al menos un 55% de las personas consultadas considera que Snowden es una persona que reveló informaciones importantes. A pesar de las encuestas, la presentadora de noticias de CNN Brooke Baldwin preguntó acerca de la posibilidad de otorgarle amnistía a Snowden: “La última pregunta: si Edward Snowden regresara aquí, y mucha gente está en desacuerdo con eso, pero si regresara aquí y se le otorgara amnistía, ¿qué vendría a hacer aquí? Porque realmente mucha gente lo odia”.
Adoptada el 15 de diciembre de 1791, la Carta de Derechos incluye las primeras diez enmiendas a la Constitución. Al elogiarla y referirse a “nuestros derechos fundamentales”, el Presidente Obama no mencionó la Cuarta Enmienda, que dice:
“El derecho de los habitantes de que ellos, sus domicilios, documentos o efectos no se sometan a inspecciones e incautaciones arbitrarias será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes judiciales a menos que se basen en una causa probable o juramento y, en particular, que describan el lugar que deba ser inspeccionado y las personas o cosas objeto de detención o incautación”.
Quizá el Presidente Obama, que fue profesor de derecho constitucional, debería volver a leer esa enmienda.
