Cuando fue detenido, el 20 de noviembre de 1957, José María Pérez Capote llevaba sobre sus hombros la conducción del movimiento sindical unitario. Iniciado en la lucha sindical desde los primeros años de la década del treinta del pasado siglo, José María se distinguió al frente de los trabajadores del transporte y en enero de 1939 estuvo entre los fundadores de la Confederación Obrera de Cuba (CTC).
Abanderado de la unidad, José María batalló por materializarla entre todos los sectores laborales, de ahí que su indiscutible prestigio entre las masas trabajadoras del país le permitiera asumir la dirección de estas cuando a su secretario general, Lázaro Peña, el gobierno de Fulgencio Batista le impidió retornar al país desde el mismo día del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952.
La política de las desapariciones
Acerca del actuar de la tiranía batistiana con respecto a los revolucionarios, muy especialmente cuando de destacados dirigentes de trataba, hace dos años el compañero Jorge Risquet Valdés, funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), relató a esta periodista que en los días previos y posteriores a la insurrección del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba, y el desembarco del Granma, dos días después, en la provincia de Oriente se desató una ola de terror y asesinatos que culminó en las denominadas Pascuas Sangrientas, en tanto en la capital del país se recurrió al método de las desapariciones.
En relación con esa realidad, Risquet Valdés apuntó: “A los detenidos, militantes del Movimiento Revolucionario 26 de Julio, del Directorio y del Partido Socialista Popular, se les sometió a crueles torturas en continuos interrogatorios para tratar que admitieran sus actividades de lucha contra el régimen y denunciaran a sus compañeros y jefes, proporcionaran las direcciones de los domicilios y lugares de reuniones de estos, y otras actividades clandestinas.
“El estreno de este método concitó tal repudio en el pueblo que obligó a los máximos dirigentes de los seis partidos de la oposición burguesa a recurrir a la denuncia pública ante el Tribunal Supremo. “Toda la prensa nacional y extranjera dio amplia publicidad a tal denuncia avalada por cientos de firmas de conocidos dirigentes de los referidos partidos, encabezadas, entre otros, por el ex presidente Ramón Grau San Martín, Tony Varona, José Pardo Llada, Millo Ochoa y Luis Conte Agüero, entre otras”.
Refirió Risquet que en el listado de desaparecidos figuraban tres comunistas: Oscar Fernández Padilla y Jorge Risquet Valdés (detenidos el 22 de diciembre) y José María Pérez (apresado el 20 de noviembre), y precisó: “En una burda maniobra del gobierno para desmentir tan unánime acusación pública ante la máxima autoridad judicial, el general Hernando Hernández, jefe de la policía nacional, y el coronel Orlando Piedra, jefe de su Buró de Investigaciones, convocaron una conferencia de prensa, el 11 de enero de 1958, en la cual presentaron a dos testigos cuyos nombres aparecían en el listado de la denuncia, quienes, evidentemente “ablandados”, dijeron haber estado detenidos durante dos días y luego liberados: jamás desaparecidos.
“El general Hernández añadió que apenas dos horas antes había tenido conocimiento de la captura y presentación al Tribunal de Urgencia de Matanzas, de Nilo de Jesús Valdés Saldaña y Pedro Oscar Fernández Padilla, sorprendidos cuando distribuían propaganda comunista en la mencionada ciudad. De esa forma pretendieron negar la veracidad de la denuncia oposicionista. “Mas de José María Pérez no hubo referencia alguna. En realidad el dirigente obrero comunista no estaba en manos de la policía batistiana, sino del Servicio de Inteligencia Naval, encargado del asesinato de los implicados en el alzamiento del 5 de septiembre de 1957 en Cienfuegos”.
Macabra realidad
A pesar de las ingentes gestiones, familiares y amigos jamás pudieron conocer el paradero de José María. La verdad salió a la luz en los primeros meses de 1959, cuando durante el Consejo de Guerra Revolucionario celebrado en la Sala de Justicia del Estado Mayor de la Marina de Guerra Revolucionaria, seguido contra veintiséis acusados por el delito continuado de asesinato precedido de torturas, vejaciones y lesiones graves, se supo que los cuerpos de Dionisio San Román Toledo y Alejandro González Brito, participantes en las acciones del 5 de septiembre, fueron lanzados al mar el 12 de septiembre de 1957, y que el de José María Pérez corrió igual suerte, en fecha no precisada.
