Dos quejas de trabajadores no estatales de la ciudad de Cienfuegos llegaron a Buzón abierto.
La primera de ellas corresponde a Dianko Menéndez Orfila, quien apuntó que desde el 2009 desarrollaba acciones socioculturales y puso en marcha un taller de confecciones, sede por más de un año del espacio comunitario Tardes de Moda, en el corredor de la calle 29, céntrico sitio de la Perla del Sur.
Después de una intervención de Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos —refiere el remitente— se hicieron revisiones sobre la actividad de modista y sastre y comenzaron a cerrarse en Cienfuegos los puntos donde vendían ropa importada. “Pensamos que seríamos beneficiados, pues el también Vicepresidente del Consejo de Ministros señaló que se podría vender solo aquello que realmente se produjera y nosotros fuimos los primeros en ese tipo de actividad aquí, reconocida por la subdirección técnica de la Oficina del Conservador de la Ciudad”.
Dianko refiere que el 1º de agosto del 2013 recibieron la última visita de los supervisores al local. “En esa ocasión el argumento no fue el de multarnos en caso de mantenernos en la comercialización, sino que podían decomisarnos todo si no cerrábamos, y por supuesto, acatamos de inmediato”.
Después de reseñar las regulaciones para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, artículos legales afines y varias frases de discursos del General de Ejército Raúl Castro Ruz, pregunta: ¿Por qué la decisión de cerrar ese tipo de actividad solo en Cienfuegos? ¿Quién emitió esa orientación? ¿Por qué me dan evasivas y me cuentan historias? ¿Quién paga por el tiempo perdido?
Inversión ¿perdida?
Daylen Castillo López, también trabajadora por cuenta propia en esa ciudad, plantea que realizó un contrato de arrendamiento con la Empresa Provincial de Servicios Técnicos y del Hogar el 1º de marzo del 2012, para establecer una peluquería en un espacio del centro recreativo Julio Antonio Mella, en la zona de Punta Gorda.
“Todo marchaba bien, hasta que me comunicaron que tenía que abandonar el local por decisión del Poder Popular en la provincia, pues el centro pasaría a otro organismo”, agrega.
Daylen refiere que para acondicionar el referido sitio invirtió más de 75 mil pesos en moneda nacional (adjunta desglose de gastos), o sea, todos sus ahorros y la cuantía total de un crédito bancario.
Y pregunta: ¿Cómo un contrato con el Estado no significa garantía alguna, al menos para recuperar el dinero invertido?
Añade, además, que las cinco mujeres que laboraban con ella están hoy sin empleo y sin ingresos.
