Por Gabino Manguela Díaz y un grupo de corresponsales
Tan disímiles como interesantes podrían catalogarse las propuestas de modificaciones y preocupaciones, surgidas a propósito del análisis del Anteproyecto de Ley Código de Trabajo, debate que sobresale como un verdadero ejercicio de democracia.
Más allá del razonamiento para cada artículo del Anteproyecto y de los cambios que le introduzca la inteligencia colectiva, el documento final deberá erigirse como fiel aliado de un país que busca afincarse en un modelo económico capaz de materializar ideas y aspiraciones.
Y son muchas las razones que hacen único, incluso a nivel internacional, un texto jurídico donde se refrendan los principales derechos y obligaciones de todos los trabajadores, estatales y no estatales; y cuya naturaleza es jerarquizada hacia el XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, según afirmó Ulises Guilarte De Nacimiento, presidente de la Comisión Organizadora de ese evento sindical.
Un botón de muestra
Tras la realización de poco más de 68 mil 100 reuniones sindicales, de resúmenes y estadísticas, cada participante puede tener su visión particular de un proceso signado por una amplísima y democrática participación —más del 90 % de asistencia—.
Si tenemos en cuenta que hasta hace solo unos días el número de propuestas ya superaba 161 mil, resultará poco menos que imposible reseñar en breves líneas las más importantes; mas, solo como botón de muestra, trataremos de referir algunas.
En tal sentido George Batista Pérez, secretario general de la CTC en la provincia de Holguín, dijo en entrevista a Trabajadores que “si bien el análisis del documento comenzó de forma un tanto esquemática, fue ganando en calidad y participación en la misma medida en que se incrementaron los niveles de control y exigencia, así como de preparación de los afiliados, sobre todo a partir de la publicación del texto, lo que facilitó su estudio”.
Acerca del sector no estatal puntualizó que las mayores preocupaciones en su territorio están referidas a la adquisición de los recursos que precisan para su labor.
“Nuestros trabajadores dispondrán de un Código de Trabajo más completo y beneficioso, tanto para ellos como para la economía, porque se adecua a la actual situación del país”, afirmó Batista.
Maglis del Sol, secretaria general del Sindicato de la Educación en Villa Clara, destacó las propuestas sobre el margen que establece el Anteproyecto para solicitar bajas.
“Específicamente plantean —expresó— que restringirlas al final del curso influye en el proceso docente- educativo y en el trabajo político-ideológico con los estudiantes, porque ese maestro está a disgusto frente al aula, falta a su jornada laboral, hay que sancionarlo y abandona el sector”.
La sindicalista agregó que en su provincia se han expresado preocupaciones sobre la jornada de 40 y 44 horas semanales. “Hay enseñanzas que la sobrepasan, como por ejemplo, la secundaria; además, la reducción de plantillas de auxiliares pedagógicas en seminternados, círculos infantiles y escuelas especiales implica que el maestro asume más horas frente al alumno, y en el caso de los trabajadores del deporte no se incluyen eventos, topes, competencias.
“No pocas propuestas consideran que no debe cambiarse lo referido a la protección a la mujer trabajadora y que aparece en la Ley 13 de Higiene y Seguridad del Trabajo”, señaló.
Yamila Roque, Doctora en Ciencias de la Educación y profesora de la Universidad Central de Las Villas, expuso que la forma exclusiva en que es tratada la capacitación puede limitar la superación. “Debemos buscar una media, por un lado se proyecta que la formación posgraduada sea fuera de la jornada laboral, por lo tanto se deben planificar bien las necesidades, ubicaciones de los estudiantes”, subrayó.
En muchas de las reuniones en secciones sindicales tabacaleras en Pinar del Río se expuso que de aprobarse como está reflejado en el Anteproyecto, se derogaría —entre otras disposiciones— el Decreto 283 del 6 de abril del 2009, Reglamento de la Ley de Seguridad Social, específicamente el artículo 214, que hace referencia a cómo definir los años de servicios en el caso de una actividad cíclica. Con ello se verían afectados muchos en este importante sector.
Respecto al Capítulo IX sobre los regímenes de trabajo y descanso, Mario Valera Caballero, trabajador de la Empresa Metalúrgica de Camagüey, propuso que “si por necesidad de la entidad se cursa algún posgrado, no debería ser solo por esfuerzo propio; se podría llegar a un consenso y ser en horario laboral”.
En el Tribunal Provincial de Matanzas la asamblea reconoció como ineludible la actualización del Código y propuso que se establezca, sea por escrito y no verbal, el contrato de trabajo en el sector no estatal, toda vez que el Anteproyecto lo deja a voluntad del empleador.
Interesante resultó otra propuesta efectuada en la misma reunión: una sanción como la separación del sector debería ser evaluada en el sistema de justicia, algo que ni el Código vigente ni el Anteproyecto lo consideran.
El tema de la prestación del servicio social y de las garantías de plazas para los graduados de diferentes enseñanzas provocó importante debate entre los trabajadores de la empresa eléctrica de Las Tunas.
Allí el ingeniero Valentín Reyes García, de la UEB Comercial, enfatizó en que “el Estado no obliga a nadie, sino que hace ofertas y las da en correspondencia con las demandas, y es ahí donde fallamos, porque no sabemos planificar”.
En esa entidad su colectivo abogó por una mayor presencia del sindicato en la toma de decisiones en la regulación de las relaciones entre los empleadores y los empleados, en especial en lo referido al otorgamiento de licencias no retribuidas, las que consideraron como una obligatoriedad administrativa ante casos de necesidad demostrada.
En el municipio pinareño de San Juan y Martínez, justo en la sección sindical de Administración y Economía del policlínico Modesto Gómez Rubio, una propuesta unánime fue la de eliminar cualquier tipo de medida disciplinaria que implique un perjuicio al monto salarial, “porque afecta también a la familia del sancionado”.
Con respecto a la incorporación al trabajo de jóvenes menores de 18 años, algunos integrantes del colectivo del periódico Vanguardia, de Villa Clara, optaron por desestimar tal sugerencia; aunque otros plantearon su preocupación al aplicarlo en el sector no estatal, donde se establecen relaciones de labor entre familiares, lo que hace difícil demostrar que no se cumplen las regulaciones que protegen a los menores.
¿Difícil empeño?
Xiomara Enríquez Cruz, funcionaria de la esfera de Asuntos Laborales y Sociales de la CTC Nacional, que se desempeña en el Puesto de Mando Nacional desde que comenzara el análisis, indicó: “Este es un proceso de consultas en que a nivel de municipio se recepcionan todas las actas y el llamado Modelo A, donde se inscriben los datos generales y estadísticos de los trabajadores, participación del organismo superior, etcétera.
“Cada asamblea se ha desarrollado bajo el principio de que todo planteamiento es válido y se recoge. Respetamos cada sugerencia, su espíritu, y para la selección de las propuestas tipo aplicamos como particularidades la reiteración, extensión en cuanto a provincias y sindicatos donde se hizo la misma sugerencia y en tercer lugar su significación e impacto”, destacó Enríquez Cruz.
Contratos laborales: la mayor cantidad de propuestas
Luego de efectuarse el 98,43 % de las reuniones de secciones sindicales y consultarse al respecto más de 2 millones 692 mil trabajadores, los temas sobre los contratos laborales son los que han generado un mayor número de propuestas.
Ese Capítulo, el III, explica las formalidades y capacidad para concertar contratos de trabajo, tipos de estos, períodos de prueba, capacitación de los trabajadores, suspensión y terminación de los contratos, trabajadores disponibles e interruptos.
Aún sin haber concluido el proceso de discusión, el Capítulo IX, vinculado a los regímenes de trabajo y descanso, clasifica como el segundo en cuanto al número de propuestas, y ambos acumulan la mayor parte de los planteamientos de los trabajadores consultados.
En cuanto a temas, los relacionados con los salarios, la justicia laboral o solución de conflictos, cumplimiento del llamado servicio social, las organizaciones sindicales, y la protección, seguridad e higiene del trabajo agrupan, en orden descendente, el mayor número de propuestas y preocupaciones.
Tales asuntos, asociados a siete de los 15 capítulos del Anteproyecto, concentran una buena parte del total de las sugerencias expresadas en las reuniones de secciones sindicales efectuadas a lo largo y ancho del país a partir del 20 de julio último, momento en que se inició el proceso de consultas.
Es de destacar que al debate también fueron convocados los trabajadores cubanos que prestan servicios en el exterior, incluido el personal diplomático. En total el proceso se desarrolla en más de 100 países, con destaque para Venezuela, donde se efectuaron más de 700 asambleas con el 98 % de asistencia.
Según el cronograma, este 15 de octubre concluye el análisis del importante documento en las secciones sindicales, y se prevé que hasta el venidero día 20 continúe el procesamiento y evaluación de las propuestas.
Tras la conciliación de los planteamientos surgidos en las reuniones de base, se presentará un dictamen a la dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el texto será sometido al análisis de los diputados a partir del 7 de noviembre en reuniones territoriales, según se dio a conocer en el pasado período ordinario de sesiones del Parlamento.
