El examen del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo que en todo el país prevé culminar el 15 de octubre marcó un momento relevante en la provincia de Matanzas cuando jueces, directivos y otros afiliados al sindicato del Tribunal Provincial hurgaron en una propuesta determinante en su labor cotidiana.
La asamblea reconoció como ineludible modificar la Ley vigente desde julio de 1985, la única manera de estar a tono, precisaron, con los lineamientos de la política económica y social del Partido y sus nuevas formas de gestión, algunas ya implementadas.
En correspondencia con las actuales transformaciones, la mayoría de los participantes propuso adicionar el establecimiento escrito y no verbal del contrato en el sector no estatal, toda vez que el Anteproyecto lo deja a voluntad del empleador.
Yasmari Estenoz, jefa de cuadros, sugirió que de ser verbal la relación laboral, deberá especificarse qué fundamentos o principios la rigen, aunque defendió las ventajas de la escrita, no solo por servir de evidencia a los tribunales, sino también por dejar constancia de a qué garantías se tiene derecho, a demás de las salariales.
La necesidad de que los cuentapropistas tengan los mismos derechos al disfrute de licencia no retribuida y de otros beneficios concedidos a los del sector estatal, también generó especial debate, algo interesante si se tiene en cuenta que Matanzas ocupa el segundo lugar nacional en el ejercicio de esta actividad.
Fue el propio acápite de las licencias sin sueldo lo que provocó dos sugerencias. Una: que la administración consulte su otorgamiento con el sindicato, y la otra: que se modifique la palabra problemas familiares y se consigne problemas personales, lo que permitirá, alegaron, que alguien pueda, por ejemplo, solicitarla para construir su vivienda por esfuerzo propio.
Análisis especial suscitaron las soluciones propuestas por el Anteproyecto para arbitrar conflictos entre empleados y empleadores, momento en el que se reconoció el importante papel desempeñado por los órganos de justicia laboral (OJL), que al menos en Matanzas solucionan el 90 por ciento de las apelaciones, sin que estas lleguen a los tribunales.
La propia efectividad mostrada por estas formas prejudiciales motiva el criterio de que se suprima la nueva opción de reclamar al jefe superior de quien impone la separación definitiva de la entidad o cambio del plaza con pérdida de la que se ocupaba, un elemento que actuaría entre el OJL y el tribunal municipal, algo innecesario y que retardaría el proceso, según el parecer del juez Pedro Alonso.
Hubo consenso en que una medida tan importante como la separación del sector necesita ser evaluada en el sistema de justicia, algo que ni el código vigente ni el Anteproyecto de Ley lo considera, pese a los riesgos que suponen decisiones donde solo decide la administración.
Al término de la asamblea y en presencia de Isdalis Rodríguez, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba y de Tahimí Martínez, secretaria del Sindicato Provincial de la Administración Pública, Orlando Peña, director administrativo, reconoció la valía de un Anteproyecto que elimina concesiones paternalistas y preserva valores humanos del Socialismo.
