Agradables cabañas, cancha de tenis, piscina, televisión y contacto permanente con sus familias. Diez militares condenados por violación de derechos humanos en Chile están recluidos en una cárcel especial bajo inmejorables condiciones pero que ahora podría ser cerrada.
Para este martes, en el Penal Cordillera, en la precordillera de Santiago, se había organizado un asado de camaradería para homenajear a uno de los internos, pero en medio de fuertes cuestionamientos por los privilegios con que cuentan estos reos finalmente la celebración se suspendió.
En total, son diez los militares en retiro que cumplen condena aquí, vigilados por 35 gendarmes. Entre ellos está Manuel Contreras, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la temida policía política que operó en los años más sangrientos de la dictadura, y quien acumula cientos de años de cárcel por sucesivas condenas por secuestros, ejecuciones y torturas.
Los reos aquí viven en cinco cabañas en medio de áreas verdes, con baño privado, agua caliente, bastante luz natural y equipadas con electrodomésticos. Reciben dietas diferenciadas dependiendo de sus requerimientos de salud.
«Tienen acceso a radio, música, televisión, a lectura, actividades deportivas y religiosas», además de «contacto permanente con sus familias», según un reciente informe de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez.
Contreras vive solo en una cabaña y el resto las comparten.
Tras la reciente conmemoración de los 40 años del golpe de Estado que instauró la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y una entrevista que concedió Manuel Contreras a varios medios de comunicación, en la que se jactó de las condiciones en que cumplía su condena y negó todos los cargos en su contra, las autoridades analizan el cierre del penal.
El presidente Sebastián Piñera, el primer mandatario de derecha desde el fin del régimen de Pinochet, solicitó una serie de informes para estudiar la clausura del recinto. Su idea es trasladar a los reos a Punta Peuco, otra cárcel especial que alberga 45 militares pero que tiene un régimen de reclusión más estricto.
«Lo que estamos viendo y analizando es si se justifica la mantención del Penal Cordillera», dijo Piñera el domingo, volviendo a marcar diferencias con su sector respecto a la condena a la violación a los derechos humanos durante la dictadura -que se saldó con más de 3 mil 200 víctimas- y el tratamiento de los militares condenados.
Piñera también había calificado de «cómplices pasivos» a los políticos de derecha que callaron frente a los horrores de la dictadura de Pinochet y acusó al Poder Judicial y a parte de la prensa de no haber estado a la «altura» ante las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
«Si Piñera finalmente cierra el penal sería muy simbólico, al ser el primer presidente de derecha en dos décadas e implicaría el quiebre definitivo de un sector de la derecha chilena con los factores que llevaron al golpe de Estado y la figura de Pinochet», dijo el analista Guillermo Holzmann.
«No parece correcto que haya presos con un trato tan dispar. La diferencia es brutal», señaló de su lado Tomás Vial, editor del Informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
«Tantos privilegios a estas alturas no resisten justificación», agregó.
Un pacto de la transición chilena La construcción de recintos penales especiales para militares obedeció a un pacto político, a inicios de la transición a la democracia en el país, en momentos que Pinochet se mantenía al frente de la Comandancia del ejército.
«A mí no me van a tocar un solo hombre», advirtió Pinochet en 1990, tras un episodio conocido como ‘ejercicio de enlace’, en el que el exdictador movilizó tropas frente a las primeras investigaciones por casos de violación a los derechos humanos, demostrando el poder que seguía manteniendo aun después de dejar el gobierno.
La primera cárcel, Punta Peuco, se construyó en 1995 bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei. En 2004, el mandatario socialista Ricardo Lagos creó el penal Cordillera, por falta de espacio en Punta Peuco.
«La construcción de este tipo de penales obedeció a una negociación política, porque en ese momento no había unanimidad en la forma cómo afrontar las violaciones a los derechos humanos», explicó Holzmann.
No es distinto a lo que pasa en otros países de la región, como Perú, donde el expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, está preso en un departamento especial que no comparte, dentro de una base policial de Lima.
En Argentina, en cambio, todos los militares y policías condenados por este tipo de delitos purgan condenas en cárceles comunes.
Según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a septiembre del 2011, en Chile había 40 generales procesados o condenados de todas las ramas castrenses, versus 82 coroneles, 42 mayores y 338 suboficiales.
La situación de los reos militares contrasta con la del resto de la población penal chilena, de 53 mil reclusos, con una tasa de hacinamiento que supera el 70 por ciento.
(con información de AFP)
