En un momento caracterizado por la más amplia insatisfacción popular y sucesivas conmociones sociales, que han tenido como colofón las manifestaciones del pasado 11 de septiembre —un estremecimiento de la conciencia nacional que hizo vibrar las calles de Santiago de Chile—, Michelle Bachelet representa la opción más aceptada por el electorado.
Las razones están claras para muchos entendidos. Mientras de manera cada vez más amplia en América Latina se van abriendo paso políticas gubernamentales de servicio popular, rescate de las riquezas que habían sido privatizadas por los gobiernos neoliberales y búsqueda de soluciones a la extrema desigualdad social imperante, en Chile permanece generalizado en el entorno político el dogma del llamado Pensamiento Único.
Fue el dictador Augusto Pinochet quien optó por seguir decididamente las líneas de este eje doctrinario sustentado por la Universidad de Chicago, donde desde mediados de los años 70 jóvenes universitarios chilenos fueron enviados a hacer estudios de posgrado.
Según la definición del intelectual francés Ignacio Ramonet , el Pensamiento Único —que se generó en Estados Unidos, paralelamente a la corriente política del neoliberalismo y que converge con ella en muchos aspectos— viene a ser una visión social, una ideología, que se pretende exclusiva, natural, incuestionable, que sostiene y apuesta, entre otras, por las tesis de la hegemonía absoluta de la economía sobre el resto de los dominios sociales; el mercado como mano invisible capaz de corregir cualquier tipo de disfunción social; la desregulación sistemática de cualquier actividad de carácter social; la privatización, y la conocida fórmula “menos Estado, más mercado”.
En Chile, según el propio Ramonet, al totalitarismo militar se fue sobreponiendo la capa del totalitarismo económico, presentando la corriente neoliberalista y los principios del Pensamiento Único como las mejores alternativas, y a las que no se puede renunciar.
El gobierno de Sebastián Piñera no ha sido ajeno a estas prácticas; las continuas protestas estudiantiles y de otros sectores confirman el rechazo de la gran mayoría de la población a las políticas derivadas del manejo capitalista a favor de la oligarquía, impuestas desde Washington.
Numerosas pesquisas realizadas por encuestadoras locales han evidenciado la marcada insatisfacción popular, no solo con la administración de Piñera, sino con toda la ralea de políticos corruptos, enriquecidos a costa del erario público, que tratan de mantenerse o ascender al poder para asegurar su hegemonía sobre las riquezas de la nación.
Bachelet, que representará a la coalición electoral Nueva Mayoría, un espacio que integra a las agrupaciones de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia, más el Partido Comunista y líderes estudiantiles que protagonizaron las movilizaciones, presenta un programa electoral contentivo de tres grandes reformas: la transformación del sistema educacional; cambios en el ámbito político y una nueva estructura tributaria.
En consideración del sociólogo Ernesto Ottone, “se trata de una nueva concepción teórica, basada en que la sociedad chilena enfrenta un nuevo ciclo político, el cual plantea una sociedad distinta, con un nivel de exigencia mucho más fuerte de lo público”.
A juicio de este estudioso, la reforma en lo fiscal no solo servirá “para tener más recursos, sino también para generar una sociedad más igualitaria, lo que significa una mayor cohesión social”.
Ottone explicó que la derecha oficialista, en tanto, busca “mantener el statu quo, siendo la esencia de su posición conservadora el miedo al cambio. El error que tiene esa concepción es pensar que se puede seguir dando gobernabilidad a Chile sin producir cambios”.
Agregó que, por ese motivo, la oposición y el oficialismo tienen “proyectos muy distintos. Es otra idea de país. Ellos están contentos con el país que tienen”.
