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Egipto vive en la presente semana una de las más sangrientas jornadas desde el golpe de Estado perpetrado el 3 de julio por las Fuerzas Armadas, al mando del general Fatth al-Sisi, que derrocó al Gobierno de presidente electo democráticamente, Mohamed Mursi, y agravó la crisis de inestabilidad y extrema violencia en la que el país se encuentra sumido, a pesar de la rebelión popular que dio al traste en febrero del 2011 con el régimen dictatorial del depuesto Hosni Mubarak.
Observadores políticos estiman entre los orígenes de la crisis el hecho de que en su primer y único año de gobierno Mursi, líder de la Hermandad Musulmana, movimiento islamista, prohibido durante varias décadas, comenzó a distanciarse de instituciones claves y de varios sectores de la sociedad; a demandar poderes omnímodos y a no emplearse a fondo en resolver los grandes problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría de la población.
Sin embargo, la medida coercitiva de la cúpula castrense que ejerce de nuevo el poder, dividió más aún a la mayor de las naciones árabes entre los partidarios del depuesto mandatario y sus oponentes izquierdistas, liberales y seculares, y aquellos que apoyan el golpe, dando origen a masivas concentraciones, manifestaciones y violentos enfrentamientos, cruentamente reprimidos por los cuerpos de seguridad con un elevado número de muertos, heridos y detenidos.
Durante varias semanas los simpatizantes de Mursi colmaron las principales calles y plazas de El Cairo y otras ciudades exigiendo la restitución del mandatario y desafiando las amenazas del ejército de ser desalojados mediante todos los medios a su alcance.
La toma este miércoles por las fuerzas de seguridad egipcias del principal campamento de protesta en la mezquita Rabaa al Adawiya en El Cairo, utilizando helicópteros, vehículos blindados y gases lacrimógenos en la encarnizada ofensiva, con un saldo centenares de víctimas fatales y heridos, y la imposición del estado de emergencia, indican la negativa del gobierno de facto, encabezado por el primer ministro, Hazem Beblawi, a la restitución de Mursi, mantenido bajo arresto y supuestamente acusado de espionaje, corrupción y otros severos cargos.
Acciones similares contra los manifestantes antigubernamentales se llevaron a efecto en diversos campamentos y localidades en el interior del país. A consecuencia de estos actos de inusitada violencia el vicepresidente del gobierno interino, Mohamed El Baradei renunció a su cargo, alegando no apoyar tales excesos.
A pesar de los llamados de Naciones Unidas a la mesura y al no uso de la violencia, de los intentos de Estados Unidos y la Unión Europea por mediar en un conflicto que les preocupa y que ahora escapa de sus manos por la falta de seguros aliados con sus objetivos geopolíticos, lucen inciertas las probabilidades de que la situación no siga deteriorando y se halle una solución a corto plazo que ponga fin a las confrontaciones entre la sociedad civil y el poder militar, la cual permita el retorno a las vías institucionales, son por el momento muy escasas dado el grado de beligerancia entre los sectores que conforman el panorama político egipcio y que mantiene también es ascuas al Estado sionista de Israel por sus vínculos con El Cairo.
