La huelga del 16 de julio podría coincidir con una votación parlamentaria sobre las políticas que Atenas acordó con los prestamistas de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional como condición para recibir más ayuda.
Entre las medidas se incluyen recortes de vigilantes de escuelas, policías municipales y otros puestos de gobiernos locales. Aún tiene que fijarse una fecha para la votación, pero el Gobierno espera presentársela a los diputados hacia el 19 de julio.
Los prestamistas, que han concedido un doble rescate por un total de 240.000 millones de euros en ayuda, se han impacientado con los lentos progresos que ha hecho Atenas en reducir un sector público de 600.000 empleos considerado ampliamente como corrupto e ineficiente.
Pero con el desempleo en casi el 27 por ciento, el doble que la media de la zona euro, los trabajadores están indignados con los planes de ubicar a 12.500 empleados en un «fondo de movilidad» en septiembre, dándoles ocho meses para encontrar trabajo en otro departamento o si no serán despedidos.
Unos 25.000 trabajadores entrarán en este programa para finales de año, según el Gobierno.
Los mayores sindicatos del sector privado y del público, GSEE y ADEDY, que representan a unos 2,5 millones de trabajadores entre los dos, han llevado a cabo varias huelgas desde que estalló la crisis de la deuda a finales de 2009.
Aunque las iniciativas han sido menos frecuentes y más tranquilas que el año pasado, cuando a menudo se volvían violentas, las protestas contra la reforma del sector público se han acrecentado desde que el Gobierno acordó esta semana reducir la administración pública.
Fuente: Reuter
