La llamada primavera árabe, que irrumpió en Egipto con la rebelión popular que en enero del 2011 puso fin a más de 30 años del régimen de fuerza impuesto por Hosni Mubarak, no ha logrado aun florecer a plenitud en el milenario país de los faraones.
El golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas contra el presidente Mohamed Mursi; la derogación de la Constitución y la designación de Adli Mansur, titular del Tribunal Constitucional para ocupar interinamente esa responsabilidad, tras masivas y violentas confrontaciones entre adversarios y partidarios del depuesto mandatario, que ahora se recrudecen, tornan imprevisible e incierto el panorama futuro de la nación.
Según criterio de los analistas, varios factores desembocaron en la crisis que culminó con el derrocamiento del jefe de Estado electo constitucionalmente en el 2012, y abrieron las puertas al protagonismo de las Fuerzas Armadas, presentes por más de medio siglo en el acontecer de la vida política y socioeconómica egipcia.
En su primer año de mandato el depuesto presidente no logró satisfacer las demandas y las esperanzas ciudadanas de radicales transformaciones democráticas estructurales en el sistema de Gobierno, de mejorar las precarias condiciones de vida impuestas por la pobreza y la crisis económica, disminuir el desempleo y enfrentar la expandida corrupción. Estas situaciones, lejos de encontrar una salida favorable, se agravaron en medio de la aplicación de medidas de corte neoliberal dictadas por el Fondo Monetario y la Banca Mundial, lesivas a los trabajadores.
Luego de la ascensión al poder de Mursi, este exigió poderes omnímodos e ignoró los reclamos de partidos, sectores religiosos y redes sociales, de conformar un Gobierno pluripartidista y de unidad nacional, en contraposición a la implantación de un Gobierno autocrático, basado únicamente en los preceptos del Islam, proclamados por los Hermanos Musulmanes.
Sus oponentes le señalan, además, haber mantenido una estrecha relación de dependencia con el Gobierno de Estados Unidos y de preservar sin cambios el status quo prevaleciente en las tratativas con Israel, vigentes desde los tiempos de Annuar El Sadat y Hosni Mubarak.
Tras la asonada militar, condenada internacionalmente, decenas de miles de contrarios y de sus partidarios (que demandan la restitución del primer mandatario), continúan los enfrentamientos, extendidos a otras localidades del interior, en las que el Ejército ha desplegado tanques y helicópteros para intentar controlar los choques que han originado hasta el presente más de 50 muertos y 450 heridos.
En su primera alocución al país, el nuevo presidente Adli Mansur, negó calificar los acontecimientos como un golpe de Estado y prometió la continuidad de la revolución, satisfacer las demandas populares y convocar a nuevas elecciones democráticas para elegir a las autoridades del país.
Sin embargo, la incertidumbre acerca de sus pronunciamientos se basan en el rol que en la conducción del Gobierno provisional continuará desempeñando el Consejo Militar, que desde la caída de Hosni Mubarak ha mantenido firmemente sus prerrogativas.
Dadas la creciente ola de contradicciones, tendencias políticas opuestas, violencia y represión, cabe pensar que la sombra de una nueva crisis de consecuencias imprevisibles se cierne sobre la patria de Gamal Abdel Nasser.
