Transformaciones importantes para el sistema empresarial que beneficiarán a la economía y los trabajadores deben ocurrir en el 2014, como resultado de la inclusión en las directivas del plan y el presupuesto de las políticas aprobadas para la actualización del modelo económico cubano.
Lo anterior se desprende de la amplia información sobre la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución que recibieron los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular durante la segunda jornada del primer período ordinario de sesiones de su VIII Legislatura, con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Ministros, razonó con los diputados sobre la conceptualización del modelo económico, cuyo principal punto de partida son los propios Lineamientos que aprobó el VI Congreso de la organización política.
El también jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos explicó que se trabaja desde un enfoque más académico y teórico en la definición de los principios del socialismo en Cuba y en los fundamentos de su modelo económico, para garantizar la continuidad del sistema sociopolítico y su perfeccionamiento sin romper esos límites.
El predominio de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y su combinación con fórmulas de gestión no estatales, así como la redefinición del papel del mercado, de modo que todos los actores estén en igualdad de condiciones, fueron algunos de los elementos expuestos por Murillo Jorge.
Insistió en que la actualización del modelo no cambia la estructura de propiedad en el país, pero sí busca un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, para lo cual se procura transitar hacia formas menos administrativas de dirigir la economía, sin renunciar a la planificación como método fundamental para su conducción.
Con ese propósito, destacó el papel protagónico que debe desempeñar la empresa estatal socialista, pero en un ambiente de mayor eficiencia y con métodos de redistribución diferentes.
Ello implica también un programa de desarrollo a largo plazo para corregir problemas estructurales que no es posible resolver solo con la actuación o voluntad de las empresas u otros actores económicos, sino que requieren de políticas estatales que permitan a su vez mantener los principales equilibrios macroeconómicos.
El perfeccionamiento de los mecanismos para mantener el control sobre la emisión monetaria fue otro aspecto abordado por Murillo Jorge, quien explicó nuevas vías para financiar el déficit presupuestario sin generar efectos inflacionarios en los precios que afecten a la población.
Expuso las mejoras en la labor metodológica y de control de los presupuestos, pero alertó que hay que suprimir el método de poner cada año en el presupuesto un poco más de recursos de lo que se gastó en el anterior.
En relación con la política crediticia, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos informó sobre el otorgamiento de 146 mil créditos por un valor superior a los 900 millones de pesos, la mayoría para acciones constructivas en la vivienda, aunque todavía es poco el uso de las garantías para respaldarlos.
En cuanto a la contratación de productos y servicios a los trabajadores por cuenta propia por parte de las entidades, explicó que es mejor pagar a productores nacionales que importar, aunque advirtió que no debe existir irracionalidad en tales gastos, aspecto que revisará la próxima comprobación nacional del control interno.
Abundó en la política fiscal, en particular en los resultados de la nueva ley tributaria y en la importancia de continuar simplificando mecanismos para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes. No obstante, señaló que hay señales de violaciones fiscales, tanto de trabajadores por cuenta propia como en los pagos de impuestos por la transmisión o venta de viviendas y vehículos, ante lo cual la Administración Tributaria debe ser más efectiva en la fiscalización.
Los cobros y pagos entre entidades fue otro asunto tratado, problema en el cual se ha avanzado pero todavía existe. Anunció que están creadas las condiciones para iniciar el experimento en las empresas seleccionadas para aplicar nuevas formas de gestión.
Novedades para las empresas en el 2014
Al detallar las directivas para la confección del plan y el presupuesto en el 2014, el miembro del Buró Político explicó que el objetivo es liberar las fuerzas productivas del sistema empresarial, lo cual prevé cambios en las relaciones de las empresas con el presupuesto.
Entre las novedades previstas está la posibilidad de que los organismos se paguen entre sí con su capacidad de liquidez para importar, un mecanismo que todavía consideró como administrativo, pero que es otra opción financiera que puede resultar estimulante.
También se proyecta el redimensionamiento, fusión o cierre de las empresas que tengan pérdidas, situación que han mantenido durante dos años o más alrededor de 50 entidades. Otras directivas vinculan con los sistemas de pago, que los podrá aprobar la organización superior de dirección empresarial, estructura más cercana a la base productiva.
Desaparecerán barreras administrativas para el pago por resultados, con la única condición de que tales incrementos no deterioren el indicador de gasto de salario por peso de valor agregado, lo cual garantizaría no repartir una riqueza que no se haya creado. También las empresas podrán vender sus inventarios ociosos y de lento movimiento a personas jurídicas o naturales.
Está previsto que las entidades estatales puedan disponer de los recursos financieros provenientes de la amortización de sus activos fijos y del 50% de las utilidades después de impuestos para recapitalizarse, pagar créditos, estimular a los trabajadores y adoptar otras decisiones que estimulen la productividad.
Cualquier propuesta que incremente las exportaciones o sustituya compras en el exterior se tendrá en cuenta a la hora de concebir el plan, indicó Murillo.
En relación con la agricultura el objetivo será recuperar el mercado mayorista, no solo como un lugar físico, sino sobre todo mediante las relaciones directas entre productores y comercializadores. Las entidades agropecuarias harán propuestas para que parte de los recursos destinados hoy a la importación de alimentos puedan invertirse en producir esos mismos renglones en el país.
Tendrá una expresión en el plan las políticas sobre la flexibilización de los objetos sociales de las empresas, junto con la definición del pedido estatal, pues la diferencia entre lo que produzcan y sus compromisos con el Estado podrán comercializarla a precios de oferta y demanda con otras entidades.
Con impacto en la población
Sobre las cooperativas no agropecuarias, el Jefe de la Comisión de Implementación explicó que son un ejemplo de cómo transformar las formas de gestión sin cambiar la naturaleza de la propiedad. Citó la experiencia de los ómnibus ruteros, donde los vehículos son estatales, pero los arrienda un grupo de trabajadores que recibirán un grupo de facilidades con la condición de que no pueden incrementar el precio del pasaje. Es una fórmula diseñada para dar más y mejor servicio, y que los cooperativistas tengan mayores ingresos de una manera honesta, precisó.
Otra forma de gestión no estatal abordada fue el trabajo por cuenta propia, opción que ya emplea a 429 mil trabajadores. Al respecto abordó algunas indisciplinas que han sido motivo de quejas de la población, porque se obtiene una licencia para una actividad y en realidad se realiza otra o la ejercen en un lugar indebido.
Puso como ejemplo a los vendedores en carretillas, que deben cumplir las regulaciones de los gobiernos locales en cuanto a las áreas por donde transitan, y a quienes tienen permiso para ejercer como modistos o sastres y en realidad solo venden ropa importada. Esto será rectificado en fecha próxima con una norma jurídica que fija el alcance de cada figura o actividad.
La consolidación de los subsidios para realizar acciones constructivas en la vivienda, lo cual ya benefició a más de 33 mil núcleos familiares por un valor superior a los 560 millones de pesos, más el incremento de la venta de materiales como cemento, cabillas, áridos y bloques, también son parte de esos propósitos.
Sobre la venta de productos para reparar o construir, Murillo señaló los problemas detectados en auditorías especiales, en relación con las normas de consumo y los incumplimientos en los estándares de calidad, así como descontroles en la comercialización. También se detectaron otorgamientos indebidos de subsidios a solicitantes que no cumplían con los requisitos y prioridades establecidas, una responsabilidad de los consejos de la administración municipal.
Otros pasos son las nuevas experiencias para la comercialización de productos agropecuarios en Artemisa, Mayabeque y La Habana, y las definiciones para el transporte público en la capital, que mantendrá bajo gestión estatal los ómnibus urbanos y utilizará fórmulas cooperativas solo en los servicios complementarios.
La venta de gas licuado de manera liberada comenzó desde enero en la Isla de la Juventud y debe iniciarse en julio en La Habana y Santiago de Cuba, como parte de la política para mejorar la cocción de alimentos. Este sensible asunto suscitó luego la intervención de varias diputadas, incluyendo a Tania Duconger Alarcón, presidenta de la comisión de Atención a los Servicios, y Mary Blanca Ortega, ministra de Comercio Interior, quienes razonaron sobre las dificultades presentes y plantearon la necesidad de darle un estrecho seguimiento al tema.
