“Quiero proponer un debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice el funcionamiento de un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país necesita”, dijo la mandataria en una reunión con alcaldes y gobernadores, convocada la pasada semana para analizar lo que calificó de “delicado momento” para Brasil.
La Jefa de Estado admitió que la reforma política, que es una de las tantas exigencias de las multitudinarias manifestaciones, “entró y salió muchas veces” durante las últimas décadas de la agenda del Parlamento, en el que muchos sectores se oponen.
Para encarar el desafío impuesto por los recientes acontecimientos callejeros que movilizaron a más de un millón de personas, Dilma ha considerado la necesidad de una consulta popular. La figura del plebiscito, que se ha practicado en Venezuela, Bolivia y otros países de la región, está contemplada en la Constitución brasileña, pero desde 1993 solo ha sido utilizada dos veces para resolver asuntos de dimensión nacional.
La primera fue hace 20 años, cuando los brasileños rechazaron un posible regreso del régimen monárquico abolido en 1889, y la otra, en el 2005, ocasión en que votaron en contra de prohibir el comercio de armas de fuego.
La última reforma política en Brasil fue hace 25 años. En ese momento (1988) la actual Carta Magna fue ratificada por la asamblea constitucional del país, tres años después del final de la dictadura militar.
En la propuesta de referendo, Rousseff enmarcó la lucha contra la corrupción, que es otra de las demandas de las manifestaciones, y planteó que los delitos que impliquen dinero público sean castigados “con penas severas, mucho más severas” de las que hoy existen.
Para atender las demandas de transporte más barato, anunció una próxima eliminación de impuestos federales al diésel que usan los autobuses y a la electricidad que mueve los metros y los trenes. En el área de salud pública, exigió “acelerar” las inversiones ya proyectadas y reiteró su intención de contratar médicos extranjeros para reforzar la atención en regiones del país que no cuentan con los profesionales necesarios.
La mandataria, que ya había propuesto contratar a médicos cubanos, españoles y portugueses, admitió que con esa iniciativa enfrentará “un debate democrático”, en alusión al rechazo de los colegios profesionales del país opuestos a la anunciada presencia de personal de salud proveniente de otros países.
Sobre la educación, cuya calidad también es objeto de reclamaciones en las protestas, insistió en que la totalidad de los beneficios del petróleo atesorado en aguas profundas del Atlántico se destinen a ese sector, lo cual depende de la aprobación del Congreso.
“Confío en que los señores congresistas aprobarán eso con la debida urgencia constitucional”, declaró sobre un asunto que también enfrenta resistencias en sectores del Legislativo.
Garantizar la estabilidad de la economía y el control de la inflación a través de la responsabilidad fiscal y la vigilancia por parte de la administración central y de las gobernaciones provinciales y municipales es otra de las exigencias presentes en el enunciado gubernamental. (Fuentes utilizadas: DPA, Reuters y AFP
