En una carta enviada al secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, los 21 senadores estadounidenses indicaron los numerosos muertos y amenazas laborales contra “dirigentes sindicales, personalidades de la oposición, campesinos, estudiantes, periodistas y otros”, y enfatizaron que los funcionarios gubernamentales respaldados por Washington han estado implicados en estos actos delictivos, que a menudo quedan impunes.
Los legisladores también que a medida que se acerca las presidenciales hondureñas, previstas para el 24 de noviembre de los corrientes, hay serias preocupaciones por las denuncias de “corrupción y asesinatos extrajudiciales”.
Todo esto ocurre tras casi cuatro años desde que sucedió un golpe de estado militar apoyado por Estados Unidos, que finalizó con el derrocamiento del presidente popular y democráticamente electo, Manuel Zelaya.
Actualmente muchos militares y funcionarios gubernamentales involucrados en el brutal golpe de estado permanecen en el poder del empobrecido país, cuyas riquezas y recursos están controlados casi en su totalidad por las corporaciones estadounidenses que operan bajo la protección de la fuerza militar y policial del país, ampliamente capacitados por instructores estadounidenses.
Cabe recordar que el Departamento de Estado norteamericano financia a estas fuerzas anualmente, y éste mismo año ayudó con otros 16 millones de dólares.
En las elecciones del noviembre, un gran número de hondureños apoya a Xiomara Castro, esposa de Zelaya, quien debe competir con Juan Orlando Hernández, del oficialista Partido Nacional (PN, derecha), Mauricio Villeda del Partido Liberal (PL, derecha), y también el exgeneral Romeo Vásquez del nuevo Partido Alianza Patriótica Hondureña que encabezó el golpe de Estado contra su marido en 2009.
Tomado de HISPAN TV
