Amparadas en la voladura del Maine en el puerto de La Habana —el mismo pretexto que propició su intervención en la guerra que en Cuba libraban contra España las huestes mambisas—, fuerzas navales de Estados Unidos bombardearon en 1898 la capital puertorriqueña desde una escuadra al mando del almirante Sampson; tomaron posesión de la isla y anunciaron a la población por medio de una proclama, que venían “no para hacer la guerra, sino para traer las bendiciones de la libertad”.
En agosto del propio año se llegó al armisticio previo al Tratado de París que puso fin al conflicto hispanonorteamericano, y en octubre de 1898 se efectuó la ceremonia oficial de transferencia de soberanía por medio de la cual el presidente de la potencia interventora nombró un gobernador militar para Puerto Rico.
Tal como lo ha definido el escritor argentino Horacio Alberto López: “Puerto Rico fue absorbido por Estados Unidos no por previa secesión y posterior anexión, ni ocupado parcialmente por vía de alguna enmienda, como en el caso cubano, sino por la figura de Estado Libre Asociado, forma intermedia que encontraron los yanquis para su total dominación sobre este territorio antillano”.
En 1900 el Senado de los EE.UU. aprobó la denominada Ley Orgánica Foraker, por medio de la cual se reemplazaba la intervención militar por un gobierno civil; pero dicha administración sería restringida y dependería de las decisiones dictadas desde Washington.
La dominación económica y política norteamericana se evidencia en los artículos de dicha ley. En uno de ellos se determina que la legislación de Puerto Rico, actualmente en vigor, continuará vigente siempre “que no resulte incompatible, o en conflicto con las leyes estatutarias de los Estados Unidos…”. Se plantea también el canje de la moneda puertorriqueña por la del cuño de los Estados Unidos.
El 2 de mayo de 1917 el presidente (de los Estados Unidos) Woodrow Wilson firmó el acta Jones-Shafroth, convirtiéndola en ley, y mediante la cual se le impuso a los boricuas la ciudadanía yanqui; un mes más tarde, el mandatario proclamó el registro y reclutamiento de los habitantes de Puerto Rico entre las edades de 21 a 31 años.
La orden incluía tanto a los que habían aceptado la ciudadanía estadounidense como a los que la habían rechazado.
