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Contenidas en el acuerdo 7387 del Consejo de Ministros y en resoluciones del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y del Ministerio de Finanzas y Precios, las medidas posibilitan que un mayor número de personas naturales con falta de solvencia económica accedan a ese mecanismo de ayuda.
Publicadas el seis de mayo último en la Gaceta Oficial de la República, las facilidades están orientadas -en primer lugar- al incremento de la cantidad de dinero a otorgar, apuntó Oris Fernández, presidenta del INV, en declaraciones a la prensa.
Anteriormente, el acuerdo 7155 de 2011 establecía que la cifra prevista para construir la célula básica habitacional -de 25 metros cuadrados- podía ascender hasta 80 mil pesos, y solo incluía el pago de materiales de construcción y mano de obra.
Desde este jueves, ese monto podrá llegar a los 85 mil pesos, para pagar también la transportación y los trámites de documentación técnica, según la titular de Vivienda en el país.
Si el subsidio es con vistas a construir en zonas con registros de actividad sísmica, entonces la cantidad total puede alcanzar los 90 mil pesos. Con la actual reglamentación, otras personas naturales pueden acceder a esa ayuda del Estado, porque, además de los propietarios de viviendas, beneficia a arrendatarios estatales, usufructuarios y a quienes ejecuten acciones de conservación en el interior del inmueble que ocupan, puntualizó la presidenta del INV.
Además, desde mañana se amplía la nomenclatura de los materiales que podrán ser adquiridos alternativamente en la red de tiendas recaudadoras de divisa, indicó Pilar Fernández, directiva del Ministerio de Comercio Interior. Hasta la fecha, los beneficiados solo podían comprar en esas cadenas el cemento P-350, pero el resto de los productos debían adquirirlos en las que comercializan en CUP.
Ahora los subsidiados podrán acceder también a instalaciones hidrosanitarias, revestimientos de paredes, pinturas, elementos de plomería y electricidad, entre otros.
Los amparados bajo ese mecanismo tienen el derecho de reservar por cinco días hábiles los productos seleccionados, y la entidad expendedora está en el deber de guardárselos, procedimiento de estricto cumplimiento.
(Con información de AIN)
