Para la entrada en vigor de las nuevas normas establecidas por la Resolución 134/2013, del Ministro de Economía y Planificación (MEP), se ha concebido un cronograma nacional por organismos que significa la revisión de los objetos vigentes y modificarlos en función de las nuevas directrices, explicó a la prensa Yohana Odriozola Guitart, directora jurídica del MEP.
De conformidad con el mencionado documento publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, se precisa, entre otros tópicos, que el objeto social «es el conjunto de las principales actividades productivas, comerciales y de servicios que conforman las transacciones mercantiles a través de las cuales una entidad que realiza una actividad de carácter empresarial, desempeña la misión para la que ha sido creada».
Especifica que solo tendrán esta categoría aquellas personas jurídicas cuya misión sea realizar tareas productivas, comerciales y de servicios, y exceptúa a las organizaciones políticas y de masas así como a las unidades presupuestadas si solo cumplen funciones estatales, señaló la funcionaria. En el caso de las unidades productoras agropecuarias como las UBPC, las CPA y las CCS, le corresponde al Ministerio de la Agricultura.
La Resolución plantea que la aprobación del objeto social de cada entidad es competencia del organismo u órgano que autoriza la creación de la empresa y no hará alusión al tipo de moneda. Como regla, las actividades económicas consignadas podrán ser brindadas a cualquier persona natural y jurídica, siempre que no se oponga a lo establecido en la legislación vigente.
Según expuso Rubén Toledo, miembro de la comisión permanente para la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, ese documento subraya que se definirán claramente las facultades y los instrumentos financieros de las empresas para dirigir la producción de bienes y servicios, y se hará más flexible su objeto social para que estas puedan desplegar al máximo sus potencialidades, según lo normado.
Afirmó que esta resolución, entre otros propósitos, contribuirá a que las empresas ganen más independencia y liberen sus potencialidades productivas, lo que posibilitará incrementar sus niveles de producción y eficiencia.
