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El incremento de las acciones de prevención y enfrentamiento contra las indisciplinas, ilegalidades y los hechos de corrupción para promover una gestión económica y administrativa más eficiente y proba fue objeto de análisis este viernes en el balance anual del sistema nacional de auditoría, que tuvo lugar en la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el informe sobre los resultados de 2016 que presentó Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República y vicepresidenta del Consejo de Estado, entre todos los organismos que conforman el sistema nacional de auditoría realizaron unas 5 mil 900 acciones de control, de ellas 4 mil 350 auditorías. El 24% de estas últimas, casi la cuarta parte, arrojaron calificaciones de deficiente o mal.
Como resultados de tales acciones se identificaron 194 presuntos hechos delictivos, y están en curso 678 procesos penales, de ellos 33% ya ante los tribunales y alrededor de un 47% en fase de instrucción y fiscalía.
El restante 14% de los casos está aún al nivel de las unidades de auditorías y entidades, o pendientes de la radicación de las respectivas denuncias. Un 5% fue sobreseído por diversas causas.
Desde el punto de vista administrativo, se aplicaron 5 mil 685 medidas disciplinarias, de ellas unas 2 mil 500 a directivos y ejecutivos, y poco más de 3 mil a trabajadores. Por la responsabilidad colateral al permitir tales hechos, recibieron sanciones 185 dirigentes y funcionarios.
En cuanto al tipo de medida, todavía predominan las amonestaciones (57%) y las multas (16%), aunque también hubo un 11% de separaciones definitivas del cargo.
Los daños económicos al patrimonio público por estas causas superaron los tres mil millones de pesos en ambas monedas, de ellos 540 millones a partir de la comprobación nacional del control interno que tuvo lugar a finales del año.
El grueso de esas afectaciones, valoradas en casi 2 mil 300 millones de pesos, ocurrió en la actividad empresarial, fundamentalmente como consecuencia del incumplimiento de planes económicos, obligaciones tributarias y aportes al Presupuesto del Estado.
Además, ocasionaron perjuicios el descontrol en las cuentas por cobrar y pagar entre entidades, la mala operación con los inventarios, los gastos por faltantes y la pérdida de bienes.
Por incumplimiento de las obligaciones tributarias y de los contratos pactados, se detectó también un daño ocasionado por el sector no estatal superior a los 37 millones de pesos.
Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado, enfatizó la importancia de esta labor, al resaltar que tales fenómenos no solo tienen una negativa repercusión económica, sino que el mayor daño es de orden social, político y en los valores de la sociedad socialista a que se aspira.
Al respecto, encomió la mayor integración existente entre los distintos órganos de control del país, lo cual se refleja en esos resultados de mayor detección y enfrentamiento de ilegalidades y hechos de corrupción.
Los participantes dedicaron el mayor tiempo de la reunión a discutir sobre la necesidad de elevar la profesionalidad de los auditores y atender mejor a esta fuerza calificada, cuya cobertura nacional solo alcanza el 65% de los cargos existentes.
La situación más crítica se concentra en los aparatos administrativos de los gobiernos locales, con un 49% de completamiento de las plazas de auditores; mientas que en los organismos de la administración del estado promedia un 70%, con una mejor situación en el sector empresarial y más desfavorable en los aparatos centrales.
Varios ejemplos positivos trascendieron a lo largo del debate, en particular de la incorporación de jóvenes graduados de la enseñanza técnica que luego se formaron como auditores profesionales, así como del trabajo con las universidades, mediante las prácticas de los estudiantes de contabilidad y finanzas, economía y derecho.
La migración de auditores hacia el sistema empresarial se reconoció además como una oportunidad para mejorar el control en la base económica, lo cual obliga a pensar en cómo utilizarlos mejor desde allí, sugirió Valdés Mesa en sus palabras de resumen, quien también enfatizó “la imperiosa necesidad de detener el éxodo de auditores y de actuar para brindarles mejores atenciones de manera integral”.
Asistieron además Abel Prieto Jiménez, ministro de Cultura; Dulce María Iglesia Suárez, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública; Darío Delgado Cura, Fiscal General de la República; Oscar Luis Hung Pentón y Ramón Labañino Salazar, presidente y vicepresidente respectivamente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.
