El anhelo de América Latina y el Caribe de distinguir la región como una zona de paz está en peligro. Algunos de los fantasmas que acechan ese proyecto tuvieron su “día de brujas” el pasado sábado cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció, feliz, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) había aceptado iniciar las conversaciones con su país para poner en marcha un “programa de cooperación en materia de intercambio de información y lucha contra el crimen organizado.

El ente castrense, nacido el 4 de abril de 1949 en respuesta al peligro que los estados parte vieron en el potencial militar mostrado por la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) en la II Guerra Mundial, busca ahora ampliar su área de operaciones y Colombia parece ser la ‘selva’ ideal.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la OTAN fue espuela y asiento de la escalada armamentista potenciada por el mundo bipolar de entonces. Pero a partir de 1991, una vez ‘implosionada’ la URSS, muchos comenzaron a preguntarse si esta no había perdido su razón de ser.  No obstante, el organismo renació como punta de lanza de las élites del capitalismo mundial y puso sus ojos, y ejército, en otras zonas del planeta.

Desde hace varios años Colombia se ha convertido en lo que algunos especialistas denominan un ‘proxy’ de los Estados Unidos. Es decir, ejecutan o facilitan los planes ideados por otros, los cuales pueden ser, por ejemplo, la capacitación de cientos de miles de policías y soldados en la lucha contrainsurgente como viene haciendo desde hace varios años.

Y la OTAN quiere su porción del pastel. No por gusto iniciaron conversaciones con Colombia desde hace al menos una década cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa del gabinete del presidente Álvaro Uribe. El detalle fue recordado por el propio Santos, quien no se detuvo frente a los obstáculos impuestos por el legislativo de su país al tratado firmado con la OTAN en el 2013.

El 6 de junio de ese año el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, rubricó en Bélgica un acuerdo de intercambio de información y seguridad con la Otan, el cual trascendió, en ese momento, como el primero de su tipo con un país latinoamericano.

Ese pacto estaba dirigido a establecer “formas de cooperación para intereses comunes” en misiones de paz, humanitarias, de derechos humanos, de justicia militar, de procesos transformadores y de mejoramiento del sector de defensa y la seguridad, además de ayudar en la lucha contra el narcotráfico.

El Congreso de la República lo respaldó el 12 de agosto del 2014, pero la Procuraduría General solicitó que se declarase improcedente pues consideraban que «no define con precisión su finalidad”.  Casi un año después, en junio del 2015, la Corte Constitucional suprimió el acuerdo del 2013 con el argumento de que existieron vicios durante el proceso de aprobación por parte del Congreso, instancia a la cual debía regresar el documento.

Finalmente el 26 de octubre del 2016, en medio del llamado a reconstruir la paz en la sociedad colombiana y la firma de acuerdos que pondrían fin a la guerra civil que ha desangrado a la nación por más de cinco décadas, el Senado aprobó, en segundo debate, el acuerdo de cooperación y seguridad entre Colombia y la OTAN, instancia que el 24 de diciembre del 2016, según dio a conocer el presidente Santos aceptó iniciar conversaciones con su país para poner en marcha un programa de intercambio de información y lucha contra el crimen organizado.

Al conocerse el tratado del 2013, los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia expresaron su rechazo y denunciaron que la presencia de la OTAN en Colombia representaría una amenaza a la estabilidad regional.

Recientemente, luego de las “felices” declaraciones de Santos en víspera de Navidad, la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial donde “se opone firmemente ante el intento de introducir factores externos con capacidad nuclear en nuestra Región, cuyas actuaciones pasadas y recientes reivindican la política de la guerra, violentan acuerdos bilaterales y regionales de los que Colombia forma parte (UNASUR, CELAC), a través de los cuales se declaró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz”.

El documento de la Cancillería bolivariana recuerda que el anuncio del acuerdo entre Colombia y la OTAN “quebranta la palabra empeñada por el presidente Santos en el año 2010, frente al Presidente Hugo Chávez, de no concretar alianza militar con la OTAN” y “desvirtúa los principios de Bandung que dieron origen al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) que prohíbe expresamente a sus Estados Miembros formar parte de alianzas militares”, del cual Colombia es firmante.

Este nuevo acuerdo, sin dudas, cobijará el incremento de la presencia de Estados Unidos y la OTAN en la zona y se suma a otro similar pactado con Mauricio Macri, presidente de Argentina que le permitirá la instalación de nuevas bases militares en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay.

Como bien dijera el politólogo argentino Atilio Borón: “Si tenés 76 bases militares (estadounidenses) rodeando toda América Latina y el Caribe, hay que ser muy ingenuos para pensar que están ahí para mirar los pajaritos de la Amazonía o los peces que hay en el Atlántico Sur”.

¿El huevo o la gallina?

Diversos medios de comunicación se hicieron eco este 27 de diciembre de la creación de un Comité interinstitucional para investigar 52 casos de asesinatos selectivos a líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en Colombia, según informó el ministerio de Defensa.

El viceministro Aníbal Fernández de Soto hizo el anuncio durante la instalación, en Medellín, del primer Puesto de Mando Unificado (PMU) regional, con lo cual se da cumplimiento al Acuerdo de Paz para garantizar la desmovilización de las guerrillas de las FARC-EP.

El Comité recién creado deberá articular el actuar de la Fiscalía, la Policía, el ministerio de Defensa y del Interior, para analizar y establecer las circunstancias en las que ocurrieron cada uno de los 52 casos reconocidos como “priorizados”, señaló el funcionario y destacó que la acción unificada del Estado y el trabajo coordinado entre la Fuerza Pública y la Fiscalía, con entidades territoriales, es lo que “le ha permitido avanzar a las autoridades en el esclarecimiento de casos como el asesinato del líder William Castillo Chima, que ya ha sido aclarado y hay una persona condenada por estos hechos”.

Castillo Chima fue ultimado en un establecimiento público conocido como “Los Galvanes”, en la cabecera municipal de El Bagre, Antioquia, al norte de Colombia, el 7 de marzo del 2016. Ese día el defensor y promotor de los derechos humanos, tesorero y miembro fundador de Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, había sostenido una reunión en la Alcaldía municipal para denunciar, nuevamente, el desplazamiento de campesinos de la región por parte de fuerzas paramilitares que allí operaban con el beneplácito de las autoridades.

A pesar de las pruebas, el viceministro de Defensa Fernández de Soto, sostuvo que “no hay indicios que permitan señalar que los homicidios a los líderes sociales en Colombia sean sistemáticos y cometidos por un actor armado especifico”.

“Hay circunstancias que nos permiten identificar que el agresor es una expresión del crimen organizado, que puede ser desde el ‘clan del Golfo’ o grupos de delincuencia organizada que pretenden ganar espacios abandonados por las FARC”, subrayó.

Mientras tanto, a nuestra redacción ha llegado la denuncia de la Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales (SINTRAEMSDES) de ese país, por el levantamiento de los esquemas de seguridad a los dirigentes sindicales de esa organización, quienes habían sido reiteradamente amenazados de muerte, especialmente el presidente nacional Néstor Darío Monsalve Castaño.

La decisión adoptada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), perteneciente al ministerio del Interior, fue considerada por los sindicalistas como un “vil atentado a la seguridad de nuestros dirigentes sindicales (…) y se suma a la larga lista de atentados que se comete en contra de quienes han respaldado el proceso de PAZ adelantado en la Habana, a quienes defendemos el estado social de derecho, al movimiento obrero y popular colombiano, cuyo único delito ha sido la defensa indeclinable de los intereses de la clase obrera, cívico y popular”.

Este actuar incoherente con la paz trasluce algunos de los verdaderos demonios que lleva dentro Colombia, particularmente sus fuerzas militares y oligarquía. Con ellos será imposible pactar para que el pueblo pueda renacer, algún día, del dolor y la muerte.